Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT: demostración de la capacidad estatal

Resumen

La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT constituye una prueba estratégica de la capacidad del Estado para proteger la integridad del sistema financiero y de la economía frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su exigencia central es demostrar, mediante evidencia cuantitativa y cualitativa verificable, que el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI se traduce en efectividad en los once Resultados Inmediatos, conforme al riesgo, el contexto y la materialidad del país. Para Colombia, la preparación exige una conducción nacional sostenida, evaluaciones de riesgo que determinen prioridades y recursos, supervisión proporcional, transparencia del beneficiario final, inteligencia financiera utilizada por las autoridades y efectiva, investigaciones acordes con las amenazas, recuperación efectiva de activos, sanciones financieras dirigidas y cooperación internacional operativa. La acumulación de normas, reportes o actividades no sustituye la demostración de resultados institucionales coherentes y trazables. La metodología de 2022 y el seguimiento mediante Acciones Recomendadas Clave refuerzan la necesidad de cerrar brechas y documentar su corrección. Es importante resaltar que la preparación no puede comenzar con la visita in situ o días antes a ésta. La importancia de esta evaluación trasciende la calificación; compromete la credibilidad del sistema nacional, la confianza de las contrapartes y la capacidad de responder eficazmente a amenazas transnacionales. La prioridad es inequívoca, ejecutar desde ahora una agenda de Estado que conecte riesgos, decisiones, resultados y evidencia. Prepararse no consiste en construir una narrativa convincente, sino en asegurar que el sistema funcione y pueda demostrarlo.

Característica de la Evaluación Mutua en la Quinta Ronda

La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas no será un examen de normas acumuladas, sino una prueba de capacidad estatal. Los países tendrán que demostrar, con evidencia verificable, que comprenden sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP); que asignan recursos conforme a su materialidad; y que obtiene resultados sostenibles. La metodología del GAFI mantiene los dos componentes —cumplimiento técnico y efectividad—, pero profundiza el Enfoque en Basado en Riesgo (EBR) y contexto, examina las once áreas de resultados inmediatos para evaluar específicamente efectividad y somete a mayor escrutinio los riesgos principales, no los asuntos de baja complejidad en los que resulta más fácil exhibir actividad y supuestos logros. La consecuencia es directa, improvisar durante la visita in situ sería demasiado tarde y desencadenaría consecuencias desastrosas para el país.

El diagnóstico en el caso colombiano: Colombia debe convertir capacidades dispersas en resultados demostrables

El principal riesgo para Colombia no es desconocer el estándar, sino llegar a la evaluación con una narrativa fragmentada, estadísticas incompatibles y logros que no puedan conectarse con las amenazas relevantes y efectividad. La Evaluación Nacional de Riesgo y las evaluaciones sectoriales deben identificar, analizar y comprender amenazas, vulnerabilidades y consecuencias; distinguir riesgo inherente y residual; incorporar diferencias territoriales; y conducir a decisiones de política, supervisión, investigación, juzgamiento y asignación presupuestal. Narcotráfico, minería ilegal, corrupción, contrabando, trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, estructuras societarias opacas, uso de efectivo, activos virtuales y flujos transfronterizos requieren respuestas diferenciadas y proporcionales. La evaluación valorará cómo el país actúa sobre estos riesgos y la efectividad de esas acciones, no la calidad formal del documento que los describe.

La responsabilidad es sistémica. La coordinación nacional debe integrar a sujetos obligados, supervisores, UIAF, Fiscalía General de la Nación, autoridades judiciales, DIAN, autoridades de registro y beneficiario final, organismos de control y organismos de inteligencia, dentro de sus respectivas competencias. El flujo debe ser circular: el sector privado detecta y reporta; los supervisores orientan, verifican y corrigen; la UIAF convierte información en inteligencia financiera; las autoridades investigan, judicializan y recuperan activos; y los resultados regresan al sistema como retroalimentación, tipologías, señales de alerta y nuevas prioridades. Sin ese circuito, que depende del flujo de información de calidad y oportuna, cada actor optimiza su propio indicador, pero el país no demuestra efectividad colectiva.

Prioridades que deben gobernar la preparación

1. Supervisión y medidas preventivas basadas en riesgo. La Quinta Ronda reorganiza el análisis de instituciones financieras y proveedores de servicios de activos virtuales en el Resultado Inmediato 3, y el de actividades y profesiones no financieras designadas en el Resultado Inmediato 4. Los supervisores deberán probar que conocen los riesgos de cada sector, controlan el acceso al mercado, segmentan entidades, realizan inspecciones proporcionales in situ y extra situ, aplican correctivos y sanciones efectivas, y generan cambios de conducta. Los sujetos obligados deberán demostrar conocimiento del cliente y del beneficiario final, monitoreo coherente, debida diligencia reforzada y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) oportunos y útiles. Sectores de mayor riesgo no deben ser estigmatizados ni excluidos indiscriminadamente, deben recibir supervisión más intensa, orientación específica y controles proporcionales.
2. Inteligencia financiera de calidad y efectiva. El Resultado Inmediato 6 exige acceso de la UIAF y de las autoridades competentes a una gama amplia de información, difusión útil para sus necesidades operativas y cooperación efectiva. Colombia debe elevar la calidad, oportunidad y diversidad de la reportería; integrar fuentes reguladas, públicas, abiertas y de cooperación; y mostrar que los informes de inteligencia financiera apoyan de manera significativa investigaciones, medidas cautelares, judicializaciones y recuperación de activos. El indicador decisivo no es el número de ROS ni de informes de inteligencia financiera, sino su pertinencia, uso y contribución a resultados. La retroalimentación entre UIAF, supervisores, sujetos obligados y FGN debe ser permanente, sectorial y medible.
3. Investigaciones financieras paralelas, análisis financiero, decomiso y extinción de dominio. Los casos deben corresponder al perfil de riesgo del país y perseguir estructuras, facilitadores y patrimonios, no solo autores de delitos de menor complejidad. La investigación financiera paralela debe comenzar desde la noticia criminal; la inteligencia debe traducirse en hipótesis investigativas; y la cooperación entre fiscales, policía judicial, UIAF debe reducir tiempos y maximizar efectividad. La modificación de la Recomendación 4 eleva la importancia de la recuperación de activos. Colombia deberá exhibir identificación, embargo, incautación, comiso, extinción de dominio, administración y disposición efectiva de bienes, con estadísticas conciliadas y casos que demuestren privación real del producto y de los instrumentos del delito.
4. Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sanciones financieras dirigidas. No es suficiente trasladar metodologías de lavado de activos. FT y FP requieren evaluaciones específicas, escenarios, fuentes, indicadores y capacidades especializadas. El Resultado Inmediato 11 incorpora de forma expresa la cooperación y coordinación frente al FP y la obligación de identificar, evaluar, comprender y mitigar ese riesgo. Colombia debe probar que las designaciones derivadas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden aplicarse sin demora (Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas); que existen mecanismos de detección de coincidencias, congelamiento (simulacros de congelamiento), comunicación, descongelamiento y protección de terceros de buena fe; y que autoridades y sector privado conocen su función en la cadena de acciones, mecanismos y protocolos. Los simulacros deben medir tiempos reales, decisiones, escalamiento y trazabilidad, en ejercicios de escritorio, en tiempo real y con pruebas de estrés.
5. Transparencia del beneficiario final y estructuras jurídicas. Las autoridades deben acceder oportunamente a información adecuada, exacta y actualizada sobre quienes controlan realmente personas y estructuras jurídicas. El país debe explicar cómo se valida la información, cómo se corrigen inconsistencias y qué sanciones se aplican por incumplimiento. El registro por sí solo no prueba efectividad: se requieren consultas reales, interoperabilidad, tiempos de respuesta, cruces analíticos y casos en los que la identificación del beneficiario final haya permitido prevenir, investigar y recuperar activos.
6. Activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Colombia necesita una evaluación específica de riesgos de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, un perímetro regulatorio inequívoco, identificación de operadores, licenciamiento o registro, supervisión, sanción y cooperación transfronteriza. La implementación de la regla de viaje, la trazabilidad en cadena y la capacidad de inmovilizar y administrar activos virtuales deben probarse en la práctica. Una regulación nominal sin inspecciones, intercambio de información y aplicación efectiva será insuficiente. Si no hay regulación, capacidades de monitoreo y trazabilidad, capacidades de análisis e investigación y posibilidad normativa y efectiva de congelamiento e incautación, el país tendrá malos resultados en este componente de la evaluación.
7. Cooperación internacional operativa. El país debe demostrar solicitudes y respuestas oportunas, espontáneas y de calidad por el canal EGMONT; asistencia judicial; extradiciones; localización y recuperación de activos, entre otras mediante el uso de la Red de Recuperación de Activos (RRAG) de GAFILAT; y cooperación entre supervisores, policías, fiscalías y organismos de inteligencia nacionales e internacionales. También debe aprovechar mecanismos operacionales lícitos y complementarios, como Escudo de las Américas, Operación Orión, contra el narcotráfico y capacidades fronterizas conjuntas por ejemplo mediante la participación en el Grupo Conjunto de Información e Inteligencia Fronteriza (GCIF). No basta contar intercambios o memorandos de entendimiento y cooperación: hay que probar que la información recibida o transmitida produjo decisiones, investigaciones, judicializaciones, congelamientos o recuperación patrimonial.

Plan de trabajo nacional: de la preparación documental a la preparación operativa

Fase 1. Dirección y línea base, inmediata y no prorrogable. A la mayor brevedad debe designarse un equipo nacional permanente, con autoridad política, coordinación técnica, responsables por cada Resultado Inmediato y un acompañamiento experto independiente. Su primer producto debe ser una autoevaluación de brechas frente a la metodología vigente, las cuestiones fundamentales, las recomendaciones modificadas y el último diagnóstico de Colombia. Debe identificar déficits normativos, operativos, estadísticos y probatorios, asignar un nivel de criticidad y convertirlos en decisiones con responsable, presupuesto y fecha de cierre.

Fase 2. Riesgos, política y planes. Debe actualizarse la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y actualizar o realizar por primera vez las Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR) de FT, FP, activos virtuales y PSAV, personas y estructuras jurídicas, incorporando datos cuantitativos, juicio experto, amenazas emergentes y diferencias territoriales, entre otros aspectos fundamentales de las ENR y ESR. Con esa base se actualizarán la política nacional, las estrategias sectoriales y el Plan de Acción y Seguimiento nacional y sus equivalentes sectoriales. Estos planes deben ejecutarse con suficiente anterioridad a la visita in situ para demostrar efectividad. Cada acción debe vincularse con un riesgo, una cuestión fundamental, un resultado esperado y un indicador; de lo contrario, será actividad sin capacidad demostrativa.

Fase 3. Ejecución y evidencia, sostenida hasta la visita. Cada entidad debe ejecutar medidas correctivas y documentar su efecto. Colombia necesita un sistema estadístico nacional con definiciones únicas, series comparables, desagregación suficiente, responsables de producción, calidad y trazabilidad hasta la fuente. Un repositorio seguro debe organizar leyes, protocolos, manuales, estadísticas, casos, decisiones, evaluaciones de supervisión y evidencias de cooperación por Resultado Inmediato y cuestión fundamental. Una plataforma de consulta permitirá al equipo evaluador acceder a información validada y al equipo nacional trabajar con cifras y mensajes únicos, sin contradicciones institucionales.

Fase 4. Prueba de capacidades. Debe establecerse un programa escalonado de simulacros: activación de sanciones financieras dirigidas; atención de solicitudes de cooperación; trazabilidad del beneficiario final; tratamiento de un caso con activos virtuales; visita de alto nivel; entrevistas técnicas in situ; y sesiones cara a cara con el equipo evaluador e inclusive plenarias. Cada ejercicio debe dejar hallazgos, planes de mejoramiento, responsables, fecha de corrección y evaluación. La formación certificada en FT, FP, supervisión basada en riesgo, inteligencia financiera y recuperación de activos debe concentrarse en quienes realmente intervendrán en la evaluación y en la operación del sistema.

Lo urgente

1. Establecer mando, gobernanza y dedicación exclusiva. Sin conducción central, las entidades producirán respuestas inconexas.
2. Comenzar cuanto antes el cierre de las brechas que requieren más tiempo para generar evidencia, especialmente supervisión, sanción, FT/FP, PSAV, beneficiario final, recuperación de activos y cooperación internacional.
3. Depurar las estadísticas antes de construir la narrativa; una cifra contradictoria desacredita incluso un resultado sólido.
4. Seleccionar casos representativos de los riesgos materiales del país y documentar toda la cadena, desde la alerta hasta la consecuencia.
5. Institucionalizar la retroalimentación y ojalá mediante indicadores que conduzcan realmente a mejorar los ROS, la inteligencia financiera, las investigaciones y la supervisión.
6. Preparar voceros técnicos capaces de explicar no solo qué hace su entidad, sino cómo su trabajo contribuye al resultado nacional y a la efectividad en particular.

La Quinta Ronda tendrá un ciclo más corto y un seguimiento orientado a acciones recomendadas clave. Eso reduce el margen para corregir después del informe del equipo evaluador. Colombia debe tratar la evaluación como un proyecto de Estado y no como una tarea documental de última hora o de una o pocas instituciones. El costo de no hacerlo bien trasciende una calificación, afecta la confianza internacional, la cooperación, el acceso a información, la percepción de riesgo del sistema financiero y la capacidad interna para debilitar economías criminales.

El mensaje es inequívoco, el tiempo útil no comienza cuando GAFILAT remite el cuestionario; comenzó ya. Un buen resultado exigirá liderazgo continuo, comprensión rigurosa del riesgo, ejecución medible, evidencia trazable y una sola narrativa país. Colombia dispone de instituciones y experiencia suficientes, pero debe alinearlas con disciplina técnica y sentido de urgencia. La preparación correcta no consiste en ensayar respuestas para el evaluador, consiste en hacer que el sistema funcione, comprobarlo y poder explicarlo sin fisuras.

Referencias bibliográficas

1. Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI—. (2012, actualización de junio de 2026). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. FATF, París. Recomendaciones y notas interpretativas sobre enfoque basado en riesgos, coordinación, recuperación de activos, sanciones financieras dirigidas, activos virtuales, beneficiario final, inteligencia financiera y cooperación internacional. Documento oficial.

2. Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI—. (2022, actualización de junio de 2026). Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems. FATF, París. Marco de evaluación del cumplimiento técnico y de los once Resultados Inmediatos, con sus cuestiones fundamentales y criterios de valoración de evidencia, riesgo y contexto. Documento oficial.

3. Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI—. (Actualización de junio de 2026). Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up: Universal Procedures. FATF, París. Elementos comunes de las evaluaciones y del seguimiento de la Red Global conforme a la metodología de 2022; referente para los procedimientos regionales. Documento oficial.

4. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica —GAFILAT—. (2024). Revisión de los Procedimientos de la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (GAFILAT 24 I PLEN 3 REV 1). Procedimientos regionales para organizar las etapas, los plazos y la preparación del proceso de evaluación mutua. Registro oficial del documento.