Inflación, economías ilícitas y efectivo en Colombia: una agenda macroeconómica y antilavado integrada

Resumen

La inflación responde a la interacción de presiones de demanda, costos laborales (p.e. aumento inconsistente del salario mínimo, muy por encima de la inflación observada y la productividad), restricciones de oferta, indexación, expectativas y condiciones monetarias, cambiarias y fiscales. Este texto propone ampliar ese diagnóstico mediante el análisis de las relaciones entre economías ilícitas, efectivo, lavado de activos, informalidad y precios territoriales y sectoriales. La tesis no atribuye la inflación nacional al dinero ilícito ni considera que el efectivo genere inflación automáticamente, plantea que la recirculación de rentas criminales en mercados con oferta rígida puede alterar la demanda, los precios relativos, las valoraciones de activos y la competencia, hipótesis que requiere evidencia econométrica. La respuesta propuesta combina política monetaria independiente, sostenibilidad fiscal, productividad y seguridad con un sistema efectivo Antilavado de Activos controa el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM). Para ello, se recomienda un observatorio interinstitucional que integre información económica y financiera, trazabilidad; análisis macrofinanciero, territorial y de redes por parte de la UIAF; y fortalecimiento del SARLAFT, SAGRILAFT y los Reportes de Operaciones Sospechosas mediante contraste con la actividad económica real (observar la economía en sectores, subsectores y actividades económicas). La supervisión y los controles deben ser proporcionales al riesgo, preservar los usos legítimos del efectivo y evitar exclusiones indiscriminadas (De-risking). La efectividad debe evaluarse por la reducción de flujos ilícitos, la recuperación de activos, el debilitamiento de redes criminales y la protección de la competencia, no únicamente por el volumen de actividades o reportes. Así el sistema ALA/CFT/CFPADM contribuye en lo que le pueda corresponder a controlar la inflación derivada de economías ilícitas, flujo de efectivo y lavado de activos

La inflación es un fenómeno multicausal y no puede atribuirse a un solo choque

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24 % y en septiembre fue 6.29%, muy distante de la meta del 3 %. La teoría económica permite ordenar sus determinantes en cinco grupos: presiones de demanda agregada; choques de costos; restricciones de oferta; indexación y expectativas; y condiciones monetarias, cambiarias y financieras. A esta lectura convencional debe añadirse una dimensión insuficientemente medida, la interacción entre economías ilícitas, efectivo, informalidad y precios en determinados territorios, sectores y mercados de activos. La tasa de interés sigue siendo el instrumento central para anclar expectativas y moderar la demanda, pero no puede sustituir la disciplina fiscal, la política de competencia, la productividad, la seguridad ni una acción efectiva contra los flujos criminales, en algunos casos rampantes y crecientes.

El primer bloque de presiones es macroeconómico y observable

El Banco de la República ha identificado para 2026 una demanda interna por encima de la capacidad productiva, gasto elevado de hogares y el sector público, costos laborales crecientes y choques de oferta alimentaria. El salario mínimo aumentó casi 23% para 2026 y 24,5 % con auxilio de transporte; el choque relevante no es el aumento nominal aislado, sino la brecha entre este, la inflación pasada y la productividad. El propio Banco estimó esa brecha en 17,2 puntos porcentuales para su ejercicio de impacto marginal. El mecanismo opera por costos directos, indexación de contratos y tarifas, expectativas, consumo y sustitución entre empleo formal e informal. No todo aumento salarial se traslada mecánicamente a precios, pero una variación muy superior a productividad e inflación, como la observada en Colombia, eleva significativamente el riesgo de efectos de segunda ronda.

El segundo bloque es fiscal

Cuando el gasto público, la contratación y la nómina estatal crecen por encima de los ingresos permanentes y de la capacidad de oferta, a través de deuda y, lo peor, en empleo público no productivo, pueden ampliar la demanda agregada de una forma ficticia, insostenible y a la vez competir por trabajo e insumos y elevar las primas de riesgo. El efecto depende de la composición, inversión pública que elimina cuellos de botella puede ampliar la oferta potencial; gasto corriente rígido, contratación ineficiente o expansión de empleo público sin productividad equivalente puede presionar precios y deuda. Por ello, el diagnóstico debe separar consumo, transferencias, inversión, contratación y empleo público, y estimar sus multiplicadores, rezagos y concentración territorial. La coordinación entre políticas fiscal y monetaria no supone subordinar la independencia del Banco de la República, sino evitar que una política contractiva intente compensar simultáneamente impulsos fiscales, rigideces de oferta e indexación.

El tercer bloque exige ampliar la frontera analítica hacia la economía ilícita

En teoría monetaria, un aumento de medios de pago solo genera inflación sostenida si eleva el gasto nominal por encima de la capacidad real de producción; por eso, ni el efectivo en circulación ni el producto del delito equivalen automáticamente a inflación. Además, el ingreso ilegal puede ser atesorado, dolarizado, enviado al exterior o transformado en activos, y una parte puede desplazar gasto legal en lugar de adicionarlo. Sin embargo, cuando rentas criminales cuantiosas ingresan y recirculan en mercados locales en el circuito económico legal con oferta rígida, sí pueden elevar la demanda efectiva, distorsionar precios relativos y valoraciones de activos, financiar consumo y construcción, sostener negocios con pérdidas aparentes y alterar salarios, arrendamientos, tierra, oro, ganado, vehículos y comercio. El lavado de activos también modifica la competencia, una empresa que busca integrar capital ilícito puede aceptar márgenes inferiores, sobrepagar insumos o vender por debajo del costo, desplazando empresas legítimas y deteriorando productividad y recaudo, crecimiento de largo plazo, empleo e ingresos.

La magnitud potencial justifica investigar el canal, pero no lo convierte en causalidad sin evidencia econométrica. UNODC informó para 2023 un aumento de 10 % en cultivos de coca y de 53 % en producción potencial de cocaína; además, advirtió que la mayor cercanía de cultivos a centros poblados puede aumentar la dependencia de economías legales respecto de recursos ilegales. Colombia hoy tendría una producción potencial cercana a las 3.500 a 4.000 toneladas de cocaína, a lo que se suman economías ilícitas con alta generación de dineros ilícitos como la minería ilegal, también rampante en los últimos cuatro años, el tráfico de migrantes, la trata de personas, delitos medioambientales y la gigantesca corrupción pura y facilitadora de otras economías ilícitas, cómplice de estructuras o redes criminales.

Paralelamente, Colombia combina digitalización acelerada con persistencia del efectivo. Este último mantiene ventajas legítimas de inclusión, resiliencia y privacidad, pero también anonimato, transferibilidad inmediata y baja trazabilidad. El problema no es el efectivo por sí mismo, sino su uso anómalo respecto del tamaño, ubicación, estacionalidad y modelo económico de una actividad. Se deben diseñar y adoptar políticas frente a ese fenómeno de uso del efectivo.

La política debe actuar sobre cantidades, incentivos y estructuras criminales

Interdicción, erradicación conforme al marco jurídico, control de insumos, destrucción de infraestructura ilícita y maquinaria utilizada ilegalmente, judicialización de crimen común, Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada Transnacional (GDOT), persecución de redes narcoterroristas, extradición todas las veces que proceda, investigación financiera paralela, extinción de dominio y recuperación de activos en el exterior, reducen la capacidad de generar y movilizar rentas criminales. Su objetivo económico no es reemplazar la política monetaria, sino retirar demanda financiada por delito, elevar el costo esperado de lavar activos, impedir la reinversión criminal y proteger la competencia. La respuesta debe dirigirse a nodos financieros, beneficiarios finales, facilitadores y patrimonios; medir solo capturas, hectáreas o incautaciones reproduce una visión de insumos y no de resultados y efectividad.

Observar la economía real para focalizar el sistema ALA/CFT/CFPADM

Colombia necesita un observatorio interinstitucional de efectivo, economías ilícitas y precios que integre, con base jurídica y protección de datos, información del Banco de la República, DANE, DIAN, UIAF, Fiscalía, Policía, supervisores, registros, entidades territoriales y sujetos obligados. Su unidad de análisis no debe ser únicamente nacional. Debe identificar departamentos, municipios, corredores y enclaves; sectores, subsectores y actividades intensivas en efectivo; cambios atípicos en ventas, empleo, importaciones, construcción y precios de activos; depósitos y retiros respecto de actividad declarada; transporte transfronterizo; fraccionamiento; y divergencias entre consumo de energía, facturación, tributación y flujos financieros.

La UIAF debe producir análisis macrofinanciero y territorial que no se limite al caso individual: mapas de circulación de efectivo; cadenas de valor ilícitas; redes de personas, empresas y activos; y alertas sobre expansión de sectores sin fundamentos observables. La finalidad es formular hipótesis verificables y no declarar criminal una actividad por ser intensiva en efectivo. Los modelos deben controlar turismo, ruralidad, bancarización, remesas, estacionalidad, denominación de billetes, precios y crecimiento real. La comparación entre territorios semejantes y el uso de series de tiempo, datos geoespaciales y análisis de redes permitirían estimar dónde la economía ilícita puede estar alterando demanda, precios relativos o competencia.

Los SARLAFT y SAGRILAFT son la primera línea de responsabilidad

Cada sujeto obligado debe incorporar el riesgo de efectivo en su evaluación, segmentar clientes, contrapartes, canales, jurisdicciones y productos, y confrontar el flujo transaccional con la actividad económica real. Las áreas de cumplimiento deben vigilar aumentos abruptos de caja, depósitos incompatibles con ventas y tributación, múltiples consignantes, compras de activos sin financiación aparente, proveedores o nóminas ficticias, facturación circular y operaciones con zonas de influencia criminal. Los Reportes de Operaciones Sospechosas deben describir la lógica económica, los vínculos y la hipótesis de riesgo; no limitarse a enumerar transacciones.

Los supervisores, por su parte, deben construir mapas sectoriales de intensidad de efectivo, inspeccionar con enfoque basado en riesgo, comparar entidades pares y exigir evidencia de eficacia. La supervisión debe concentrarse en la identificación y mitigación del riesgo, no en exclusiones generalizadas o de-risking. La UIAF debe retroalimentar tipologías y calidad de ROS; la DIAN debe aportar señales tributarias y aduaneras; la FGN y la policía judicial deben convertir inteligencia en investigaciones patrimoniales; y el Banco de la República y el DANE deben contribuir con agregados monetarios, pagos y precios dentro de sus competencias. La coordinación requiere protocolos, trazabilidad, reserva y métricas compartidas.

Recomendaciones para una respuesta integrada

1. Preservar una política monetaria independiente y basada en datos, acompañada de consolidación fiscal creíble.
2. Evaluar ex ante los aumentos del salario mínimo frente a inflación, productividad, informalidad, empleo y mecanismos de indexación, como era tradicional y técnicamente correcto.
3. Publicar la composición y el impacto inflacionario esperado del gasto, la contratación y el empleo público.
4. Crear el observatorio interinstitucional y un índice territorial de intensidad anómala de efectivo.
5. Actualizar la Evaluación Nacional de Riesgo con un módulo sobre efectos macroeconómicos y sectoriales de las economías ilícitas.
6. Focalizar análisis en sectores y subsectores donde confluyan efectivo, rápido crecimiento, opacidad de beneficiario final y territorios de alta amenaza.
7. Elevar la calidad de SARLAFT, SAGRILAFT y de los ROS mediante señales cuantitativas, análisis de actividad real y retroalimentación sectorial.
8. Priorizar investigaciones financieras paralelas, extinción de dominio y recuperación de activos contra GAO, GDOT, redes terroristas, facilitadores y empresas instrumentales y fachadas.
9. Ampliar pagos digitales interoperables y de bajo costo sin excluir usuarios legítimos de efectivo, y reforzar controles sobre grandes operaciones y transporte de efectivo. Más intensidad en operativos de transporte transfronterizo de dinero en fronteras, puertos y aeropuertos.
10. Evaluar resultados con indicadores de reducción de flujos, activos privados a organizaciones, redes desarticuladas y desmanteladas.

No es que el dinero ilícito explique por sí solo la inflación colombiana. En una economía con grandes rentas criminales y amplio uso de efectivo, ignorar ese canal puede sesgar el diagnóstico, reducir la eficacia de la política y dejar sin tratamiento presiones territoriales y sectoriales que la tasa de interés no puede resolver. La estabilidad de precios requiere coordinación entre política monetaria, sostenibilidad fiscal, productividad, competencia, seguridad y un sistema ALA/CFT/CFPADM eficaz. Combatir el lavado de activos no es solo una obligación penal y reputacional, es parte de la política de seguridad y económica, protege la asignación de recursos, la competencia, la base tributaria y la capacidad del Estado para interpretar correctamente su economía.

Referencias bibliográficas

Banco de la República. (2026). Informe de Política Monetaria: enero de 2026. Bogotá, Colombia. Referente para el análisis de demanda interna, impulso fiscal, costos laborales, indexación y expectativas de inflación.

Banco de la República. (2026). Reporte de la Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago 2026. Bogotá, Colombia. Referente para el estudio de los instrumentos de pago, la digitalización, la interoperabilidad y el uso del efectivo.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC—. (2024). Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023: resumen ejecutivo. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos —SIMCI—. Referente para dimensionar la producción ilícita y sus dinámicas territoriales; no constituye por sí solo evidencia de causalidad sobre la inflación nacional.

Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI— y Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África —MENAFATF—. (2015). Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. FATF/OECD y MENAFATF. Referente para distinguir usos legítimos y criminales del efectivo, identificar señales de alerta y fortalecer la coordinación frente al transporte transfronterizo de numerario.

Fondo Monetario Internacional, Departamento Jurídico. (2023). 2023 Review of The Fund’s Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism Strategy—Background Papers. IMF Policy Paper 2023/053. DOI: 10.5089/9798400260438.007. Especialmente el documento de antecedentes I, sobre el impacto macroeconómico de los flujos financieros ilícitos, pertinente para articular integridad financiera, estabilidad y análisis económico.